Historia - Cronología

 

La actual formación en materia de Seguridad Pública que hoy recibe tanto el personal de la Policía de Mendoza como del Sistema Penitenciario Provincial tiene su inicio con la Resolución 263/98 del Rector de la Universidad Nacional de Cuyo. El propósito de dicha Resolución era aprobar el acuerdo entre la Universidad y el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Mendoza por el cual se nombraba una comisión integrada por representantes de ambas instituciones para realizar un estudio de factibilidad académica con el fin de implementar una carrera de grado universitaria.

La mencionada comisión se conformó con representantes de las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales; Ciencias Médicas; de Derecho y personal de la Policía de Mendoza.  Esta comisión trabajó hasta el mes de octubre de ese año, cuando su coordinador, Lic. Alejandro Salomón, entregó las conclusiones favorables a las que habían arribado sus miembros, junto con el primer borrador de la currícula de la Licenciatura en Seguridad Pública, con un título intermedio de Técnico Universitario en Seguridad Pública. Ambos títulos poseían dos orientaciones: Policial y Penitenciario.

A partir de ese momento se inició un intenso debate relacionado al ámbito institucional en el que debía dictarse dicha carrera. Después de explorar diferentes alternativas se acordó la figura jurídica de una Fundación. Se buscaba así mantener a la formación policial y penitenciaria al margen no sólo de los vaivenes políticos que ocasionan los sucesivos cambios de gobierno sino también de las características propias del sistema universitario público, puesto que por la especificidad de la formación policial y penitenciaria, no podían adaptarse a la nueva formación buscada. 

Así, el 1º de diciembre de 1998, con las firmas del Gobernador de Mendoza, Dr. Arturo P. Lafalla, y el Rector de la UNCuyo, Lic. Lic. José Francisco Martin, (facultado mediante Resolución 400/98 del CS) se creó la “FUNDACIÓN INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA”. El artículo primero del Acta Fundacional firmada establece como finalidad de la nueva institución “atender el desarrollo de cursos y carreras, especialmente de nivel superior, universitario y de posgrado para la formación y capacitación de recurso humano que atiendan la problemática de la seguridad pública. Así como el desarrollo de tareas de investigación referidas a la misma”.

El 10 de diciembre de 1998 el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo, mediante Resolución N°415, aprueba el Estatuto de la Fundación IUSP y alcanza su reconocimiento pleno para su funcionamiento cuando la Dirección de Persona Jurídica de la Provincia, mediante Resolución N°454/98, da su aprobación definitiva.

El primer Consejo de Administración de la Fundación lo integraron el Dr. Alejandro Cazabán (Presidente); Lic. Carlos Finochio (Vicepresidente); Luis Abbiati (Secretario); Dr. Enrique Guntsche (Tesorero); Lucio Chaves (Vocal) y el Crio. Gral. Antonio Sánchez Pérez (Vocal).

Asimismo, las primeras autoridades académicas designadas fueron: Directora Ejecutiva, Lic. María Rosa Zucchelli; Director Académico, Lic. Alejandro Salomón; Director de Posgrado, Dr. Jorge Aberastaín y Director de Administración, Cdor. Esteban Sebastián.

Aprobada la Fundación IUSP como institución responsable de la formación en Seguridad Pública, el paso subsiguiente fue la aprobación de la currícula por parte de la UNCuyo y del Gobierno de Mendoza. El día 7 de julio de 1999, el Consejo Superior de la UNCuyo, mediante Ordenanza N° 35, creó la carrera de “Licenciatura en Seguridad Pública con orientación Policial y Penitenciaria”, y mediante Decreto Provincial N°770/99 hace lo propio el Gobernador de la Provincia.

El último paso importante en este proceso lo da el Gobernador Roberto Iglesias mediante el Decreto 2499/00 de fecha 27 de noviembre. El mismo deja sin efecto la formación que se impartía a través de la Escuela Superior de Policía Roberto Castro Villalba (Decreto 588/89) y la Escuela de Cadetes Gral. San Martín, y crea un sistema de transición en el que se establecen mecanismos de equivalencia entre estos estudios y la nueva carrera de nivel universitario que ya en esa fecha se dictaba en el nuevo Instituto Universitario de Seguridad Pública.

La carrera de Licenciado en Seguridad Pública fue la primera carrera de grado universitario dirigida a la formación del personal policial y penitenciario en Latinoamérica. Su dictado fue posible gracias a la voluntad política y el compromiso de la Universidad con una nueva concepción de la Seguridad Pública. Se concibió teniendo siempre presente que “la garantía de los derechos del Hombre y del Ciudadano necesitan de una fuerza pública; por ello esta fuerza es instituida en beneficio de todos y no para provecho particular de aquéllos a quienes se encomienda” (Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Art. 12, Año 1789).